MEXICO, (FRANCISCO CORTÉS).- Luego de un tímido comienzo por la anteriormente llamada gripe porcina, los partidos políticos de México se encuentran en "pie de guerra" y avanzan hacia el tramo más intenso de la promoción de cientos de aspirantes a un puesto de elección popular.
Conforme se acercan las elecciones del 5 de julio, los mexicanos enfrentan unas cada vez más intensas campañas electorales, en las que han surgido intestinas guerras internas y violentas luchas de "todos contra todos".
Desde antes del arranque oficial de la actividad proselitista, el 3 de mayo pasado, las principales tiendas partidistas están abocados a diseñar estrategias de coyuntura en sus respectivos "cuartos de guerra" y llevar a cabo esas tácticas al campo de batalla.
Para algunos analistas, los comicios intermedios de julio servirán de termómetro para las presidenciales del 2012. Se anticipa que el PRI aumentaría sus posibilidades de regresar al poder, que empezaría por el control de la cámara baja e incrementar su número de gobernadores.
México renovará en esa fecha la Cámara de Diputados, de 500 escaños, y elegirá a seis gobernadores, 616 alcaldes y 16 delegados de la capital mexicana, entre otros dos mil 500 cargos en todo el país.
Un ejemplo de la dura lucha política son dos recientes operativos de la policía federal y del ejército en los estados de Michoacán (occidente) y Morelos (centro), donde el primero es gobernado por el izquierdista PRD y el segundo por el gobernante PAN.
Además de una aguda crisis económica, la cual caería al final de año un ocho por ciento de su Producto Interno Bruto, en opinión de expertos, México vive de verdad una guerra abierta contra el narcotráfico y el crimen organizado que ha dejado unos diez mil muertos en más de dos años.
El 26 de mayo pasado, fueron detenidos en Michoacán, en un hecho inédito, 29 funcionarios vinculados con el área de seguridad, entre ellos 10 alcaldes de distinto color partidista, por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
Quince días atrás, en tanto, fueron capturados en Cuernavaca, capital de Morelos, 14 integrantes de la banda de los hermanos Beltrán Leyva cerca de la Casa de Gobierno.
Tras esta acción, fueron detenidos, los ex secretarios de Seguridad Pública del estado, Ángel Cabeza de Vaca, y de Cuernavaca, Francisco Sánchez, por servir a la mafia.
Esta semana maestros afines a grupos de izquierda se manifestaron en calles de Cuernavaca para exigir al Congreso local que llame a juicio político al gobernador de Morelos, Marco Adame, por supuestos vínculos con el narco y lavado de dinero.
Por su parte, un indignado gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, se quejó de no haber sido informado de la acción policiaca en su entidad por el gobierno del presidente Felipe Calderón, y reclamó trato equitativo como a Morelos.
La Procuraduría General ha reconocido que desde la mitad de los años 90 la mafia del narcotráfico está asentada en Morelos, donde Amado Carrillo Fuentes y los Beltrán Leyva han operado con apoyo de autoridades locales.
El gobernador Godoy dijo, en alusión a una posible finalidad electoral, que aunque la aplicación de la ley no tiene tiempos específicos, "se debió ser más cuidadoso".
El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, fue más claro y acusó de "electorero" ese operativo y cuestionó que el trato en Michoacán haya sido distinto que en Morelos.
"Sería una vileza, una actitud ruin e inadmisible que alguien pudiera utilizar el problema de la inseguridad pública para sacar ventaja de carácter electoral", aseveró.
Rápido, la dirigencia del PAN y el gobierno de Calderón negaron que esas acciones lleven consigna electoral alguna, "mucho menos dedicatoria personal o partidista".
"El gobierno federal no hace pausas en su compromiso por devolver la paz y la seguridad a las familias mexicanas. Los gobiernos no pueden paralizarse por las elecciones. Que nadie se confunda ni se ponga nervioso", dijo el líder del partido en el gobierno, Germán Martínez, en alusión al PRD y al PRI.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lamentó a su vez que en el PRD y en el PRI se tome lo sucedido en Michoacán como estrategia que busque entorpecer la política de los gobiernos de los estados.
La víspera, el presidente Calderón realizó su primera defensa abierta de los operativos en Morelos y Michoacán, este último su estado natal y en el que su hermana, Luisa María, funge como secretaria estatal de Asuntos Electorales del PAN.
Aclaró que la estrategia en el combate al crimen organizado es de largo plazo porque la amenaza y la intimidación no distinguen filiaciones político-partidistas ni divisiones de órganos de gobierno.
Otro caso de guerra política fue la detención, el fin de semana último, de Juan Blanco, candidato del PAN a diputado federal y ex alcalde de la capital de Chihuahua, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, acusado de cohecho.
El lunes anterior, un diario de la capital mexicana señaló, en una columna, que la sorpresiva aprehensión de Juan Bueno, "es para muchos la respuesta" del PRI a los ataques de Acción Nacional.
La coordinadora nacional de la campaña de los diputados federales del PAN, Josefina Vázquez, visitó el lunes a Blanco y pidió no comparar este caso de "injusticia" con las medidas tomadas por el gobierno federal contra el crimen organizado en Michoacán.
"Bajo ninguna circunstancia este hecho tiene parecido con otros acontecimientos del país. Aquí no se trata de crimen organizado, secuestradores, narcotraficantes o sicarios. Aquí se trata de un atentado a las libertades políticas y a los derechos humanos", comentó la también candidata a diputada del PAN
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